Francisco
Javier Velázquez López
Secretario general para la Administración Pública
La oferta
de empleo público es uno de los instrumentos esenciales
para una planificación estratégica de recursos humanos.
Para ello, la oferta de empleo público para el año 2005
prestará atención a sectores prioritarios: políticas
sociales de vivienda, inmigración, asuntos sociales y cultura;
investigación y sociedad de la información; medio ambiente;
instituciones penitenciarias; Hacienda pública y control del
gasto público y Unidades de atención al ciudadano.
En el
mismo sentido, el Real Decreto establece unos criterios generales
de aplicación a los procesos selectivos buscando, con carácter
general, una mayor adecuación de las pruebas a superar a los
puestos de trabajo a desempeñar. Con este fin, se introducen
medidas como la realización de pruebas que no se limiten a valorar
exclusivamente los conocimientos memorísticos y el fomento de
la realización de ejercicios de carácter práctico;
que los temarios se ajusten a los conocimientos que racionalmente se
deban exigir en cada caso; la posibilidad de realizar test psicotécnicos
o de aptitud; potenciar los cursos selectivos...
De cualquier
forma se trata de criterios generales y no de reglas uniformes. En
las convocatorias específicas de pruebas selectivas quedarían
reflejados si procede y, en su caso, los supuestos antes citados.
Me gustaría asimismo destacar la atención que el Real
Decreto 121/2005 dispensa a las personas con discapacidad. En este
sentido, por ejemplo, se alude a que las plazas reservadas para personas
con discapacidad puedan convocarse de manera independiente y a que
las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público
del año 2005 incluyan la reserva de un cupo no inferior al 5
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
Y si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por personas con
discapacidad no alcanzaran la tasa del 3 por ciento de las plazas convocadas
se acumularían al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente.
Se impulsa
también la promoción interna con el fin de
extraer el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos internos existentes antes de acudir a reclutamientos exteriores. Vinculado a
ello, se prevé que puedan implantarse medidas de carácter
económico con evidente repercusión social –ayudas,
becas u otros tipos de medidas– que fomenten la promoción
interna y que contribuyan a paliar el principio de que el coste de
las oposiciones recaiga siempre en el opositor.
Dentro
de las medidas para la reducción de la temporalidad,
ciertamente elevada en el sector público, se tiene en cuenta
que en los procesos selectivos en que haya fase de concurso
se valore la experiencia acreditada por los candidatos que hubieran tenido la
condición de interinos o temporales.
Con estas
medidas se pretende, en suma, la modernización de
los sistemas de entrada al empleo público y en el ajuste de
los mismos a las demandas que en un Estado social y democrático
de derecho –igualdad de acceso– se formulan a una Administración
Pública del siglo XXI en su vertiente de organización
empleadora por parte de los ciudadanos.
Fuente: Revista MUFACE
marzo-abril-mayo 2005
